Bolivia atraviesa una nueva crisis política luego de que el Gobierno denunciara un intento de golpe de Estado encabezado por sectores militares que movilizaron tropas y vehículos blindados en las inmediaciones de la sede del Ejecutivo en La Paz.

El presidente Luis Arce aseguró que el país “defenderá la democracia” y llamó a la población a mantenerse vigilante frente a cualquier intento de alterar el orden constitucional. Las declaraciones se produjeron después de que militares ocuparan temporalmente la Plaza Murillo, donde se encuentran el Palacio Quemado y el Congreso Nacional.

Las tensiones aumentaron cuando el entonces comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, apareció rodeado de efectivos militares y criticó públicamente al Gobierno, lo que generó preocupación tanto dentro como fuera del país. Horas después, el Ejecutivo anunció su destitución y denunció una acción irregular contra las instituciones democráticas.

Miles de ciudadanos se concentraron en distintos puntos de La Paz para expresar apoyo al Gobierno y rechazar cualquier ruptura del orden constitucional. Organizaciones sociales y dirigentes políticos pidieron preservar la estabilidad democrática en medio de un clima de incertidumbre.

Diversos gobiernos de América Latina, así como organismos internacionales, condenaron los hechos y manifestaron respaldo a las autoridades democráticamente electas de Bolivia. La comunidad internacional exhortó a mantener el respeto a la Constitución y evitar acciones violentas.

Aunque la situación comenzó a normalizarse tras el retiro de los militares de las calles, el episodio dejó en evidencia la fuerte tensión política y social que persiste en Bolivia, país que en los últimos años ha enfrentado constantes conflictos institucionales y protestas.