Acoso, soledad y desprestigio: así opera la violencia digital contra mujeres políticas

La violencia política en las redes sociales es cada vez más frecuente y afecta a las mujeres de manera diferencial y desproporcionada en su derecho a participar. De esto habló la Fundación Karisma en FITS Democracia, al que asiste ‘Lideresas de Latinoamérica’ en Barranquilla

En julio pasado se cerraron las inscripciones de candidatas y candidatos para las elecciones territoriales en Colombia. Si de números se tratara, podríamos hablar de una participación de mujeres cada vez más fuerte, más consolidada. De 132.553 personas inscritas, 52.209 fueron mujeres, es decir, un 39% del total. Pero los números no son todo. Las mujeres que lograron inscribirse tuvieron que superar bastantes obstáculos para ser parte de listas y les esperan otros tantos de acá al 29 de octubre. Además de recibir menos financiación y visibilidad por los partidos políticos, las mujeres deben enfrentar una violencia distinta, que busca que abandonen la política. No solo ellas, también las demás mujeres que algún día quisieran ocupar puestos de toma de decisiones.

La mezcla de violencia y política no es nueva en Colombia. Usualmente pensamos que ese es el costo que deben asumir quiénes deciden lanzarse al ruedo. La templanza con la que se responde a la violencia, que ahora se ha trasladado al entorno digital, hace parte de las cualidades que deben tener quienes deciden participar en política. Tan arraigada está esa creencia, que las mujeres que hicieron parte de una investigación de Karisma sobre violencia digital en las elecciones del Congreso pasadas comentaban que era un mal necesario. Que, cuando la violencia que reciben en redes sociales se vuelve insostenible, se toman unos días para descansar y luego volver a las actividades de la campaña. Salirse de las redes sociales no es una opción, a diferencia de lo que pasa con otras mujeres visibles, como las periodistas, que dejan sus cuentas ante la violencia, las candidatas no pueden.

Las mujeres se quedan y lo hacen solas, sin compañía de los partidos o movimientos políticos que las respaldan ni de las autoridades estatales. Algunas de ellas han recibido capacitaciones de parte de organizaciones internacionales sobre marketing político, pero en general deben encargarse de sus redes sociales y de diseñar sus propios protocolos de respuesta. En esa labor entra en juego la capacidad económica de la mujer: si es alguien con años de experiencia, que ya ha ocupado puestos públicos, podrá contratar a alguien que le ayude a asumir el impacto psicológico de las agresiones y la carga de sus redes sociales, a decidir qué mensajes responder y qué batallas dar. Las demás, generalmente quienes recién entran al ejercicio político, no tienen ayuda, ni saben a quién acudir cuando reciben alguna violencia.

A pesar de los esfuerzos por construir protocolos de atención y líneas de denuncia, no existe un panorama claro de las acciones concretas que pueden tomar las mujeres para denunciar una agresión. Ninguna de las mujeres o sus equipos de comunicación con los que hablamos sabe a quién acudir. No saben quién es la o el responsable de tramitar sus quejas en los partidos o sus denuncias ante las autoridades cuando se sienten amenazadas. Tampoco conocen las herramientas de las plataformas para reportar los inconvenientes.