La jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional impuso este martes presentación periódico e impedimento de salid al comunicador Ángel Martínez.

Martínez fue detenido ayer lunes por autoridades dominicanas al arribar al paí­s en un crucero por Puerto Plata, mediante orden de arresto por una acusación de difamación e injuria por el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Sergio Moya.

El también detective privado calificó la medida de injusta tras señalar que lleva más de 50 años residiendo en el mismo lugar.

«Esto es injusto, yo soy un hombre que tengo más de 55 años con la misma dirección, con una propiedad, con una oficina en la misma dirección y con el mismo teléfono y hoy el Gobierno dominicano me dice que yo no me puedo mover de la capital», manifestó.

Milagros Marina De Camps Germán, abogada y exviceministra del Ministerio de Medio Ambiente, interpuso este martes una querella con constitución en actor civil contra el comunicador Ángel Ramón De Jesús Martínez Jiménez (conocido como «Detective Ángel»), así como contra otros usuarios.

La querella, depositada ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional por los abogados Amauris Vásquez Disla, Diana De Camps Contreras, Paul Concepción, Mariela Santos Jiménez y Félix M. Santana Reyes, acusa a los imputados de la comisión de los delitos de difamación e injuria agravada, tipificados en los artículos 367 y siguientes del Código Penal, así como en la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, y en la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La acusación se fundamenta en una serie de publicaciones y videos difundidos en redes sociales que violentan el derecho a la dignidad humana e integridad. Según la querella, la narrativa fue amplificada con lenguaje burlón, imágenes manipuladas y afirmaciones ajenas a la verdad, en lo que la parte accionante describe como una campaña de difamación sistemática y viral.

La demanda incluye la solicitud de una indemnización ascendente a RD$10,000,000.00, a ser destinada a la protección y conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

La querella destaca cómo las redes sociales, lejos de ser «territorios sin ley», deben responder al marco jurídico vigente. Citando precedentes del Tribunal Constitucional dominicano y jurisprudencia comparada, los abogados sostienen que las expresiones proferidas no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión, al tratarse de imputaciones falsas, ultrajantes y ofensivas.

“Este caso representa un ejemplo claro del uso malintencionado de la libertad de expresión, donde el pensamiento no es el motor de las declaraciones, sino el odio, la manipulación y el descrédito”, señala el escrito introductorio.

La discusión ha avivado un necesario diálogo sobre el equilibrio entre el derecho a expresarse y el deber de respetar la dignidad ajena, especialmente en la era de las redes sociales, donde una afirmación infundada puede replicarse exponencialmente en cuestión de minutos