La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH-RD) afirma que durante el año 2023 no se registraron mejoras en la situación de deterioro de las condiciones de reclusión del país y que el hacinamiento persiste en las prisiones, y alcanza un 65%.

Al emitir su informe anual correspondiente al 2023, sobre la situación de los derechos humanos en el país, la entidad precisa que la información revelada es según levantamientos que ha hecho.

Según el organismo de derechos humanos, los males descritos han contribuido a la degradación de la vida en los penales y hace colapsar los servicios básicos, como el de agua, electricidad y alimentación, pudiendo, incluso, incidir de forma negativa en la convivencia de los reos.

En el documento de 31 páginas también se destaca que a pesar de los 46 centros de privación de libertad que hay en el país, diseñados para unos 12 mil internos, estos albergan alrededor de 26 mil reclusos, de los cuales más del 80% son preventivos y unos 12 mil 500 viven en hacinamiento y condiciones “infrahumanas”.

De esta manera se violan todos los derechos humanos establecidos por las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, la Constitución de la República y la Ley 113-21 que Crea el Sistema Penitenciario y Correccional, sustenta el informe.

“De estos 26,000 internos, aproximadamente 12,000 se encuentran en el nuevo modelo y los restantes 14,000 en el Sistema Tradicional o Centros de Privación de Libertad. El Modelo Tradicional o CPL está concebido como un mercado donde todo se vende y todo se compra y que se puede decir que sigue siendo un cementerio de hombres vivos”, subraya la información.

Destaca también que el 40% de esos privados de libertad están presos por delitos menores, los cuales, a juicio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se les puede variar la medida o ponerlos en libertad de manera provisional para así descongestionar los recintos, según las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio).

Deportaciones

Por otra parte, durante el año 2023 fueron deportadas más de 200 mil personas desde la República Dominicana hacia Haití; más de 30 mil de ellas entre los meses de noviembre y diciembre, de acuerdo al estudio anual del organismo cívico.

Denuncia que los migrantes son sometidos a procedimientos violentos, humillantes y poco profesionales, y que cualquier uniformado puede detener a un indocumentado, “con lo que fomentan el macuteo y pago de sobornos a los agentes de Migración, que van desde 20 mil hasta 40 mil pesos dominicanos”.

Comunidad LGBT+

En cuanto a las personas de la Comunidad LGBT+ en el país, la CNDH-RD dice que están expuestas a altos riesgos de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual, características sexuales, expresión y/o identidad de género; y que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad al no poder disfrutar plenamente de sus derechos.

Se recuerda que este informe anual es un resumen y análisis de la situación de los derechos humanos en el país, en este caso durante el año 2023, realizado conforme a las informaciones, denuncias, investigaciones, testimonios de víctimas, familiares de éstos e incluso, en algunos casos, de los mismos victimarios; reportajes periodísticos y estadísticas que maneja la Comisión.

Murieron en ejecuciones extrajudiciales

La Comisión Nacional de Derechos Humanos registra 97 ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes de seguridad del Estado durante el año 2023. Esto contrasta con los datos emitidos por la Policía Nacional, que aseguró que son 84 las personas muertas a mano de agentes de esa institución desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. La CNDH-RD recuerda que ha emitido varias alertas por los casos de violaciones graves de derechos humanos cometidas por los agentes e indica que el 97% de las muertes se trata de jóvenes pobres de 18 a 35 años. En ese sentido, considera el caso como “una verdadera masacre”. Asimismo, denuncia que muchos jóvenes de los barrios han sido víctimas de atropellos, detenciones y asesinatos por parte de policías que les ven perfil sospechoso, porque poseen cabello largo, se peinan con trenzas, son de piel oscura, tienen tatuajes o barbas, o usan pantalones por debajo de la cintura o con rasgos que a los agentes les parezcan inapropiados. “En ocasiones, el vestir de harapos, el ser pobre y vivir en barrio pobre es muestra de la máxima sospecha para muchas autoridades. Hay perfiles de lo que puede ser una persona sospechosa, propensa a cometer un delito”, establece el informe.

Fuentes:El Caribe