Ramón Báez Figueroa ha empezado acciones legales contra el proceso de liquidación del Banco Intercontinental (Baninter), alegando irregularidades en el manejo de ciertos aspectos del proceso.

El empresario Ramón Báez Figueroa anunció que ha iniciado algunas acciones legales recientemente, en respuesta a lo que él califica como un «manejo irregular» de al menos 80 millones de dólares durante la liquidación de Baninter.

Sus reclamos se centran en la revisión del proceso de venta de Delta Comercial y las negociaciones de la cartera de préstamos.

En particular, Báez Figueroa cuestiona la transición de la propiedad de Delta Comercial de Baninter al Grupo Najri por un total de 90 millones de dólares, de los cuales sostiene que solo se entregaron 10 millones de dólares.

Báez Figueroa ha solicitado a la Procuraduría General de la República una investigación contra casi 20 personas y empresas por estas supuestas anomalías en el proceso de liquidación:

• José Antonio Najri Cesani
• Marcial Najri Cesani
• José Lois Malkún
• Apolinar Veliz
• Félix Calvo
• Julio Cross Frías
• Luis M. Catano Tavarez
• Cesar Augusto Gómez Díaz
• Keryma Marra Martínez
• Manuel de Jesús Viñas
• Tim Hayward, Mark Fitzpatrick
• “Júpiter Motors, S.A.”
• “Safari Motors, S.A.”
• Grupo Najri
• “Delta Comercial, S.A.”
• “The Bank of Nova Scotia (Scotiabank)”.
• Ervin Novas Bello, gerente del Banco Central
• José Manuel Taveras Lay, contralor del Banco Central

Según explicaron los abogados de Baéz Romano (difunto padre de Báez Figueroa), los señalados fueron partícipes de al menos 12 violaciones a la Constitución. A raíz de esto, se exige que sean investigados y sometidos por testaferro, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores, soborno y coalición de funcionarios.

Orígenes

Báez Figueroa fue condenado a diez años de prisión en octubre de 2007, por cargos de abuso de confianza, tras el colapso de Baninter, y que provocó, a su vez, una crisis económica sin precedentes en el país.

El exbanquero fue puesto en libertad condicional en agosto de 2013, por el juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal, José Ignacio Medrano Queliz, teniendo como requisito presentarse el último viernes de cada mes, orden que se mantuvo hasta septiembre del 2017.

Fuente: Acento