La audiencia efectuó en la sala del tercer juzgado de la instrucción. Esto fue por la cantidad de implicados y el aplazo fue por pedimento de los abogados. Según ellos para presentar presupuestos y estudiar el expediente.

En la Operación Colibrí, se acusa a los implicados de actividades fraudulentas como la falsificación de documentos públicos. También que amenazaron la seguridad jurídica y laceraron la confianza institucional. Además según el expediente acusatorio vulneraron el sistema del registro civil del país.

Los detalles de los ilícitos que cometió la estructura que, principalmente, atacó el sistema de la Junta Central Electoral, figuran en la solicitud de medidas de coerción. Esta tiene más de doscientas páginas y en ella el ministerio público pide que le impongan la prisión preventiva por 18 meses. También que se declare de tramitación compleja el proceso.

Los implicados falsificaron actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad. También licencias de conducir, licencias para el porte de armas, entre otros documentos públicos.

La investigación de la Operación Colibrí la coordinaron la Fiscalía de Santiago y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Policía Nacional. Se desarrolló con el apoyo de la Junta Central Electoral.

Incautaciones en la operación Colibrí

Durante las diligencias de campo, se incautaron de evidencias materiales, documentales, y otras, como plásticos para la impresión de cédulas y carnet, licencias. También títulos falsos de propiedad, entre otros elementos. Según el MP constituyen una irrefutable demostración de la implicación de los detenidos con los hechos.

Además, entre las incautaciones hay dispositivos electrónicos que utilizaban para borrar datos originales, para emitir títulos y cédulas a nombre de terceros.

Los imputados son Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez,  Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavarez Soto y Tomás Enmanuel Rojas Guzmán. También  Julio César Almonte Espinal, Arsenio Rafael Reyes, Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya y Fausto Merán. Además, José Rosario Marte, José Alfonso Acevedo García, José Miguel Cruz Hiraldo y Rubén Amauris Ramírez. Otros son Rubén Darío Núñez Ortega y José Carlos Montero Troncoso, este último trabaja en la Junta Central Electoral.

Tenían en su poder plásticos y hojas timbradas de distintas instituciones como el Poder Judicial, el Banco de Reservas, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTRANT) y la Jurisdicción Inmobiliaria de Santiago.

También apostillaban documentos, luego de adulterarlos, para que se pudieran utilizar en el extranjero.

Varios de los imputados operaban en los alrededores de las dependencias de la JCE, ofrecían diversos servicios a ciudadanos para falsificar documentos. Esto a cambio del pago de sumas que oscilan entre $5,000 y $20,000 pesos según el tipo de documento que requerían.