Juez mantiene prisión preventiva a Santiago Hazim y otros seis imputados en caso Senasa

Last Updated: 30 de abril de 2026By

El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó la prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros siete implicados en un presunto desfalco en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Durante la audiencia de revisión de la medida de coerción, el tribunal determinó que no han variado los presupuestos que motivaron la imposición de la medida original. En ese sentido, concluyó que la privación de libertad continúa siendo la vía más idónea para garantizar la presencia de los imputados en el proceso judicial.

El magistrado consideró que persiste el riesgo de incomparecencia, debido a la gravedad de los hechos imputados y al daño económico que, presuntamente, debe ser resarcido al Estado. Asimismo, señaló que, tomando en cuenta la posible pena derivada de la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, la prisión preventiva resulta una medida proporcional y equilibrada.

Tras analizar la provisionalidad de las medidas de coerción, el tribunal estableció que los elementos de prueba y las circunstancias actuales no justifican la sustitución de la prisión preventiva por una garantía económica u otra medida menos gravosa.

“Se procede a ordenar la continuación de la prisión preventiva por considerar que no han variado los presupuestos tomados en cuenta al momento de su imposición”, establece el dispositivo de la resolución.

Además de Hazim, el tribunal dispuso el mantenimiento en prisión de Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Spiekler Mateo y Ada Ledesma.

En cuanto al calendario procesal, el juez fijó para el próximo 21 de mayo la lectura íntegra de la decisión. A partir de esa fecha comenzarán a correr los plazos legales para que las partes interpongan los recursos de apelación que consideren pertinentes.

De igual forma, se programó para el 30 de julio del presente año la próxima revisión obligatoria de la medida de coerción, quedando todas las partes debidamente citadas.

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