Desde su promulgación el pasado 15 de enero, la ley 01-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha sido objeto de controversias debido a varias ambivalencias que contiene en su texto y que han sido señalados por diferentes sectores nacionales.

Por esa razón, en menos ocho meses, desde que el presidente Luis Abinader la conviertiera en la primera ley correspondiente a este año, el pleno del Tribunal Constitucional ha conocido, dejado en estado de fallo, al menos nueve impugnaciones a ese texto legislativo.

De los principales artículos de esa ley que han sido atacados en esas impugnaciones, el número nueve detalla las atribuciones que tiene la DNI, como “investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que atente contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior, o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional, sin perjuicio de la investigación penal que pueda realizar el Ministerio Público; contrarrestar en el ámbito nacional actividades de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros que puedan representar un riesgo, una amenaza, una agresión o subversión para la seguridad nacional, la paz social, la soberanía o la integridad territorial”.

Por igual ha sido señalado el artículo 11, quel obliga a “todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal a entregarle a la DNI todas las informaciones que esta requiera sobre las cuales se tengan datos o conocimientos en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional”.

Además, señala que las entidades públicas y privadas deberán permitir que la DNI pueda llevar a cabo la recolección de informaciones de carácter público que figuren asentadas en sus bases de datos y acceder de forma automatizada a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones; aunque estas se harán según lo establecido en este artículo, se hará con las limitaciones y observaciones establecidas en la Constitución de la República y las leyes sectoriales.

Según los dispositivos querellantes, esas disposiciones de la nueva ley del DNI violan varios artículos de la Constitución, siendo uno de los más nombrados el número 40, específicamente en su numeral 15 el cual indica que a nadie “se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica”.

Otro de los enumerados fue el articulo numero 44 el manifiesta que “toda persona tiene derecho a la intimidad”, además de que “garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley”.

Entre los querellantes ante el Tribunal Constitucional figuran la Acción Cristiana, Juventud con una Misión (Jucum), RD Inclusiva, Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia, Fumejid Mayobanex Pepín, María Magdalena Piña Dirocie, Mercedes Núñez, Carmen Orozco Martínez y Edward Ureña Ureña

También, los opositores Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Fuerza del Pueblo y Generación de Servidores.

Por igual, el Instituto de Capacitación y Formación Política Jurídica y Social (ICAP), el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), el grupo Identidad Dominicana (Idedom). De la misma manera también varias personas individuales como Cirilo de Jesús Guzmán López, Ruddys Antonio Mejía Tineo, María Ysabel Jerez Guzmán y Rudys Odalis Polanco.

Este miércoles se dio a conocer que la comisión que estudia la Ley 01-24 llegó al consenso de presentar ante el Congreso Nacional la propuesta de modificación a cinco de los 39 artículos que componen ese texto legislativo.

Según el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y vocero de la comisión, Persio Maldonado, se presentarán cambios a los artículos 01, 02, 09, 11 y 26 de esa ley, buscando la corrección de “ambigüedades” que habían sido identificadas por varios sectores de la sociedad civil.

El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio Henríquez, pidió al presidente Luis Abinader que al recibir los cambios sugeridos a la ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), la evalúe con mucho cuidado porque esta debe estar acorde a la realidad y no puede afectar la libertad de expresión de los ciudadanos ni el derecho a la reserva de las fuentes de los comunicadores.

«Nosotros consideramos que el presidente de la República, ya que se le ha entregado en el día de ayer, esa documentación debe sopesar esas propuestas que se han hecho y consensuado con diferentes sectores», manifestó Henríquez.

El presidente del gremio periodístico subrayó que esa entidad aboga para que se respete la libertad de prensa de cada periodista dominicano, ya que es la única garantía que tienen estos profesionales para defender la democracia, difundir sus pensamientos y hacer más sólida la libertad de prensa y expresión.

«Hay algunos articulados de esta ley que deben estar bien específicos. No podemos dejar en una ley nada a la interpretación», dijo Henríquez.

Asimismo, apuntó que de esta manera se logrará mantener al pueblo bien informado con los datos confiables que puedan suministrar los periodistas durante su ejercicio en distintos medios nacionales y en las redes.

Aurelio Henríquez hizo referencia a la necesidad de revisar la ley 1-24 al ser cuestionado por Listín Diario sobre lo acordado por la Sociedad Dominicana de Diarios y el gobierno, que convinieron revisar varios artículos cuestionados por las ambigüedades que presentan.

En ese encuentro, Persio Maldonado, presidente de la Sociedad de Diarios informó que se llegó a un acuerdo para someter al Poder Ejecutivo una propuesta de cambio de esa ley, que satisfaga las inquietudes de los diferentes sectores de la sociedad.

El presidente del Colegio de Periodistas ofreció sus declaraciones durante una rueda de prensa en la que dio a conocer un convenio entre el gremio de los comunicadores y la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea (UTEL), con el que buscan beneficiar a periodistas, comunicadores y técnicos de los medios de comunicación.

Esta alianza establece que el UTEL otorgará una beca integral por cada 20 matrículas y le dará la oportunidad a profesionales de la comunicación que estén efectivas y activas de los beneficiarios al convenio, para que puedan cursar licenciaturas, maestrías y doctorados bajo la modalidad virtual.

Alessandra Díaz, líder de relaciones y cooperación internacional, indicó que tienen disponibles más de 20 licenciaturas, más de 20 maestrías y cuatro doctorados.

«Vamos ampliar el convenio que tenemos con ellos para brindarles más facilidades, mayores oportunidades para que los que son miembros del CDP accedan ahora no solo a las capacitaciones continuas, sino también a los programas profesionales», expresó Díaz.